El Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta, dentro del paquete de simplificación Omnibus I, que aligera la carga administrativa de las empresas en materia de sostenibilidad y diligencia debida. Algo especialmente relevante para los profesionales de Compras: los cambios reducen la cantidad de información que deben solicitar a los proveedores, permiten un enfoque basado en riesgos y proporcionan herramientas digitales que facilitan la gestión de proveedores y decisiones estratégicas.
La medida centra los requisitos en las corporaciones más grandes y reduce las obligaciones para el resto. La votación del pasado jueves 13 de noviembre resultó en 382 votos a favor, 249 en contra y 13 abstenciones.
- Informes de sostenibilidad: más sencillos y solo para grandes compañías
La nueva regulación establece que únicamente las empresas con más de 1.750 empleados y una facturación anual superior a 450 millones de euros estarán obligadas a presentar informes sociales y medioambientales. Estas organizaciones también tendrán que cumplir con los informes basados en normas taxonómicas, que identifican qué inversiones se consideran sostenibles.
Además, los estándares de información se simplifican: se reducen los detalles cualitativos y la información sectorial pasa a ser opcional. Por su parte, las pequeñas empresas quedan protegidas frente a demandas adicionales de información por parte de sus grandes clientes, limitándose estas solicitudes a los estándares voluntarios.
- Diligencia debida: solo para los gigantes corporativos
En cuanto a la diligencia debida, las obligaciones se concentran en empresas con más de 5.000 empleados y una facturación anual superior a 1.500 millones de euros. Estas compañías deberán aplicar un enfoque basado en el riesgo para supervisar los impactos negativos de su actividad sobre las personas y el medio ambiente, evitando solicitar sistemáticamente información a sus socios más pequeños, salvo en casos extremos.
Estas empresas ya no deberán presentar un plan de transición alineado con el Acuerdo de París. Sin embargo, podrían enfrentarse a multas por incumplir los requisitos de diligencia debida, cuyas directrices serán facilitadas por la Comisión y los Estados. Además, seguirán siendo responsables ante las autoridades nacionales y deberán indemnizar a las víctimas en caso de incumplimiento de la normativa.
- Nuevas herramientas digitales para facilitar el cumplimiento
El Parlamento también pide la creación de un portal digital gratuito que proporcione plantillas, guías y toda la información necesaria sobre los requisitos de la UE, complementando el Punto Único de Acceso Europeo. Este recurso tiene como objetivo simplificar aún más el cumplimiento para las empresas y aumentar la claridad sobre las obligaciones legales.
Jörgen Warborn, ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, resumió la filosofía detrás de la medida: “Europa puede ser sostenible y competitiva al mismo tiempo. Estamos simplificando normas, reduciendo costes y ofreciendo a las empresas claridad para crecer, invertir y generar empleo de calidad”.
Las negociaciones con los gobiernos de la UE comenzarán el próximo 18 de noviembre, con el objetivo de aprobar la legislación a finales de 2025. Esta simplificación forma parte del paquete Omnibus I, diseñado para reducir trámites administrativos y fomentar una mayor capacidad de inversión en el tejido empresarial europeo.
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