El Parlamento Europeo viene jugando un papel decisivo en pro de la sostenibilidad en Europa tanto en el ámbito social como en el plano económico y empresarial. Un papel que el pasado jueves 1 de junio volvió a poner de relieve al aprobar una propuesta legislativa que integre los derechos humanos y el impacto medioambiental en la gobernanza de las empresas.
El trabajo infantil, la esclavitud y la explotación laboral, la contaminación, la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad son algunas de las cuestiones que las empresas deberán tener la obligación de identificar y, en su caso, combatir dentro del nuevo marco legislativo. Además, deberán vigilar y evaluar los efectos causados por sus socios en la cadena de valor como son proveedores, encargados de ventas, distribución, transporte, almacenamiento o gestión de residuos.
A falta de las negociaciones con los estados miembros, estamos ante un destacado hito: el establecimiento de un marco regulatorio que garantice que las empresas respeten los derechos humanos y minimicen su impacto medioambiental en todas sus operaciones.
